Introducción y contexto de la ley
El 29 de julio de 2025 entró en vigor una nueva «Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento de Otros Delitos», que sustituye a la ley anterior de 2016.
El objetivo de la ley es mejorar el marco normativo para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, alineándolo con las normas internacionales de organismos como el GAFI. Diversas entidades están obligadas a cumplir con sus disposiciones, como las del sector financiero (bancos, administradoras de tarjetas de crédito, transportistas de dinero).
La nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento de Otros Delitos no se dirige explícitamente a las ONG, pero una ley reciente independiente, la Ley Orgánica de Transparencia Social (agosto de 2025), impone importantes requisitos de cumplimiento a todas las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que podrían afectarlas en el marco de la lucha contra el lavado de activos.
La nueva ley sustituye a la legislación anterior y se ajusta a las normas internacionales al centrarse en las entidades obligadas, mientras que la Ley de Transparencia Social establece un nuevo registro y exige información detallada, una amplia supervisión y sanciones potencialmente estrictas para las ONB, lo que podría restringir sus operaciones.
Este documento refleja las principales consecuencias específicas para las ONG y las obligaciones que estas deben cumplir en virtud de este nuevo marco jurídico.